Sistema, legitimidad y elecciones el 21D

(1) La legitimidad es un concepto amplio, maleable y bastante abstracto, sobre todo si se utiliza en el terreno de la persuasión y la estrategia política. Sin necesidad de acudir a Weber y sus teorías, ni de ponernos iusnaturalistas o legalistas puros, sí podemos considerar que en la situación político-social que vive Catalunya por una parte, y el resto del Estado, por otra, hay un juego de legitimidades.

El concepto al cual se refieren las CUP, Ciudadanos, CSQEP, ERC, PdeCat o PSC, cuando apelan a la legitimidad, es diferente. Del mismo modo, las performances en torno a la legitimación de procesos como la consulta del 1-O, del 9-N o la salida del Parlament a la hora de votar resoluciones, son muestras de percepciones de legitimidad y de legitimación. De hecho, el reconocimiento del procés y de la independencia de Catalunya a nivel internacional, tendría un papel legitimador.

(2) Desde hace años, me resulta muy curioso buscar cuántas calles se han dedicado a personas de relevancia, como el rey Jaume I, Marie Curie o Felipe II. Cuando estudiaba Derecho en Valencia, busqué cuántas calles se le habían dedicado a Hans Kelsen o Georg Jellinek, y me chocó ver los resultados. Hace unos días repetí el ejercicio, con el mismo estupor. Les invito a probar.

Traigo a colación a Kelsen como personaje relevante y poco reconocido a nivel social, por ejemplo, con su nombre en calles, por su papel de arquitecto del ordenamiento jurídico moderno, del que bebe el Parlamento catalán, el ayuntamiento de Villapene (sí, existe) o el Senado español. Según la estructura normativa de Kelsen, el Tribunal Constitucional pudo suspender las leyes catalanas aprobadas en septiembre, que contravenían la Constitución, y creaban una fictio iuris poco explicada (a mi humilde entender) en los medios. Vale la pena apuntar aquí que «Tarradellas no tenía Twitter», como escribió Enric Juliana en su artículo Traidor.

(3) En el devenir del procés catalán, se han enfrentado diferentes concepciones, conceptos y abstracciones, además de los aspectos jurídicos determinados e indeterminados, entre los que se encuentra la legitimidad. Tal vez fuera mejor referirse a la relación entre legitimidad y soberanía, o viceversa. ¿Quién es el corpus con legitimidad para decidir la forma de un colectivo que ya forma parte de otro corpus, definido por la ley, en atención al ordenamiento jurídico kelseniano? Es decir, ¿pueden los catalanes decidir su futuro como pueblo soberano y definido como Comunidad Autónoma según la Constitución, mediante una votación que sigue los procedimientos pero sale de los parámetros constitucionales? ¿Es soberanía lo que ejercen o lo que demandan?

La legitimidad «social», el apoyo a la norma suprema, ha sido el quid de la cara jurídica del conflicto. El Estatut fue una reforma de la Constitución encubierta, según sostenían sus críticos, y puede que con razón. Los cauces para reformar una norma tan blindada, en una partitocracia tan atada y bien atada como la española, obligan a buscar otras vías. El procés es, evidentemente, una versión 3.0 de aquel intento de reforma, aunque va más allá. La legitimidad de la Constitución lleva años poniéndose en duda, y trabajándose esa duda desde esferas que quieren un cambio en el status quo; recuerdo haber presenciado en el 35º aniversario de su aprobación, en Granada, los abucheos e intentos de agresión a Ibarretxe y Carrillo, en pleno auge mediático de debate sobre el Plan Ibarretxe, que no era más que otro intento de reforma de la Constitución. Llámenle reforma, actualización o modernización, como prefieran.

(4) El corsé de la norma fundamental ha ido posicionándose en el debate público de forma progresiva, hasta el punto de defenderse hoy una reforma por parte de más partidos que hace cinco o diez años. Hoy son mayoría quienes piden una reforma constitucional, en materias como el modelo de Estado, derechos sociales o política económica. ¿Qué modelo de Estado? Las reformas de Zapatero tuvieron lugar en un momento clave en cuanto a gobiernos multinivel, y fue una oportunidad para modernizar el Estado de las Autonomías desde abajo, y para muchos de forma insuficiente. Así lo recojo en el libro Balears, 2015: un nuevo ciclo político, tras haber revisado todas las actas de la comisión estatutaria del Parlament balear, que fraguó en el nuevo EAIB de 2007, del que aún quedan proyectos por desplegar.

El Estatut catalán fue guillotinado, no sólo barrido, como afirmó Alfonso Guerra, convirtiéndose en una pieza jurídica viciada. El momento de la renovación de ese pacto social había pasado, Esquerra seguía creciendo pese al Tripartit, y PSC seguía cayendo. Llegó el congreso de CDC en 2008, pasando de la Casa Gran del Catalanisme a defender el soberanismo independentista, con el objetivo de intentar disputarle el clivaje soberanista a ERC. El 21D puede suponer la muerte definitiva de CDC-PdeCAT como partido de gobierno (en disposición de gobernar o como principal partido de oposición).

¿Qué legitimidad social (o material) tiene una constitución que muchos no votaron? Legitimidad formal y jurídica, toda. ¿Cómo actualizar el pacto de la (primera) Transición, con un escenario como el actual? De nuevo, desde abajo. En esta línea iban mis declaraciones a IB3 el día de la presentación del libro, cuando hablé de apoyo social o legitimidad en el sentido laxo:

(5) Los de abajo frente a los de arriba fue uno de los mantra repetidos por Podemos desde su ascenso a la primera línea política. La segunda transición no la harían las elites, sino la gente, esa abstracción que viene a referirse a la parte de los mayores de edad que votan a la candidatura mayoritaria o a los partidos de la coalición que vaya a gobernar. A través de la representación, se traduciría una nueva legitimidad del sistema, y habría herramientas para proceder a actualizar el Estado. Pero no fue así.

La concepción de la seguridad y la aversión al cambio son dos factores constantes en las campañas electorales, especialmente a nivel estatal. No hubo sorpasso al PSOE. La corrupción apenas si ha afectado al PP en términos electorales. Y la legitimidad del sistema sigue fechada en 1978, cuando el escenario es hoy completamente distinto. ¿Cómo van a convivir la desafección con el sistema, el movimiento centrífugo de nacionalismos periféricos, y el centripetismo españolista? Entren en cualquier diario digital y miren su portada. No conviven: se toleran.

Y en ese choque de legitimidades, hemos asistido estos días a unos movimientos estratégicos, capaces de activar a capas de la población y movilizarlas, en defensa de unas legitimidades y proyectos que chocan entre sí, en una estructura normativa que la mayoría coincide en que debe ser actualizada. No el ordenamiento y la jerarquía, obviamente, sino sus engranajes, los encajes constitucionales, las competencias autonómicas, el café para todos.

(6) Hoy, Mariano Rajoy ha anunciado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que para muchos carece de legitimidad, por desfasada, bloqueada e intervencionista, aunque sea defendiendo una afirmación tan contradictoria y absurda como que sería ilegal aplicar la norma suprema. Se suprime el gobierno y se disuelve el Parlament; se acaba con el Ejecutivo y el Legislativo de Catalunya, hasta el 21 de diciembre (por aplicación del artículo 42.1 de la LOREG cae en jueves y no en domingo), fecha en la que se celebrarán elecciones autonómicas.

La performance del Molt Honorable President, amagando con el anuncio de elecciones y después tomando el camino de la declaración de independencia —sin efectos jurídicos por contravenir la Constitución, ni legitimación externa de ningún Estado de la Unión Europea, de momento—, era evitable. El enrocamiento del Presidente Rajoy, inamovible en su intención de aplicar el 155 CE, también era evitable. Tanto jurídica como políticamente, había alternativas posibles. No es sólo choque de relatos, de concepciones de Estado o de soberanías compartidas, sino que el sistema requiere una revisión, una actualización, renovar los votos. Porque si se cambian los instrumentos sin ganarse la legitimidad, en poco tiempo volveremos a presenciar el choque entre centripetismo y centrifuguismo, entre un status quo que une a los partidos cártel, y que los distingue de quienes defienden cambiarlo. Es decir, que no cabe otra Transición de arriba abajo.

Soy contrario a concebir las elecciones autonómicas como primeras vueltas o reflejo de lo que ocurrirá a nivel estatal, y el Parlament catalán es un ejemplo de voto dual y abstención diferencial. Pero puede que la concurrencia de algunos partidos en estas elecciones, basados en la legitimidad o en la falta de ella, del propio sistema, fuercen ese cambio, esa reforma encubierta de la Constitución, esa nueva legitimidad del sistema, si es que cabe la posibilidad. De hecho, la CUP ya ha anunciado que no concurrirá a estas elecciones, negándoles legitimidad y prescidiendo de la única vía legal para promover un cambio constitucional.

Hemos vivido una situación tan insólita como que se ha conseguido votar la independencia, se ha roto una idea de España como una unidad a nivel político, y ha tenido lugar con un gobierno del Partido Popular en España. Va a ser una campaña apasionante para España y para Catalunya, porque hoy ha cambiado todo, una vez más.