Transparencia, sofisticación y estrategia

(1) Las Administraciones y los partidos deben ser transparentes, hay que figurar en el escaparate siempre con la etiqueta bien visible. Gracias a lo insuficiente de la ley aprobada por el primer partido imputado por la Justicia, cada entidad puede ir más allá de los requisitos legales y venderlo; ya casi no tiene mérito decir que somos más transparentes de lo que la ley 19/2013 nos obliga. Se es transparente para los periodistas, para los blogs, para las miles de asociaciones con miles de indicadores de transparencia(s), para el vulgo, para el fisco, para todos, desde el lado de la oferta. ¿Cómo de grande es el lado de la demanda?

Tras el impacto del movimiento indignado, la idea-fuerza de la transparencia es hoy irrenunciable, maleable y vendible. Es un issue de campaña más, algo con lo que desgastar a quien gobierna, o con lo que atacar a quien gobernó. Es una línea de productos bien alineada en el estante de la oferta política, aunque dudo que sea un factor clave a la hora de votar por unos u otros. Puede que sea un factor instrumental más, como la corrupción.

(2) Y como factor instrumental, requiere de unos técnicos mecánicos que sepan siquiera qué es, cómo se maneja y cuáles son las herramientas para trabajarla. No en toda institución los hay, ni se les concede una necesidad prioritaria, y creo que esto no es algo necesariamente negativo. El coste de invertir en transparencia puede que no compense el beneficio esperado y es mejor invertir en otra cosa, por ejemplo, en una buena cámara réflex o una mejor conexión Wifi para la emisión en directo de vídeos de ministros, consejeros, concejales o cualesquiera cargos que los DirCom busquen proyectar. La transparencia política en abstracto no vende, no suma, sino que resta. Si no se es transparente, perjudica. Pero no mucho, no vayan a creer.

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La transparencia, como los balances fiscales o la financiación autonómica, requiere de un cierto grado de sofisticación, para el vendedor al explicarlo y para el comprador al entenderlo, si lo hace. Es un factor de desgaste con suma negativa. Ocurre algo similar a lo que explica el periodista Miquel Payeras en su artículo Histórica nada (30 de abril de 2015), al referirse al Régimen Especial para Balears, que no sirve para nada y es inútil electoralmente. Pero tienen su nicho de compradores o, al menos, de contempladores para tener qué criticar en el estrado de los medios, sean en papel o digitales, como las redes sociales.

(3) Aunque por lo escrito hasta ahora pueda parecer que planteo un tema en clave negativa, se trata de todo lo contrario si pasamos de lo abstracto a lo concreto e instrumental, verán. La ley exige que se publiquen ciertos documentos programáticos, de trabajo, que tal vez lleguen a un 10% del electorado, que interese a la mitad de ellos, y que realmente sean leídos por un 2% del cuerpo de electores. Esto es sólo una hipótesis, no se fíen de los porcentajes. Lo que importa a nivel procesal es el resultado, el fin de que una administración o un partido publique ese documento; de otros dependerá comprobar si se cumple o no, o si existe otro documento similar, a nivel interno, que marque los objetivos reales. Porque, no seamos ingenuos, lo que vemos no es siempre lo que hay. ¿No es más importante un programa electoral, y sabemos que no tienen observancia jurídica? Pero hay que publicar uno o el electorado pensará que vamos a improvisar.

La moda de la transparencia es un issue de campaña más, un factor de marketing político y de estrategia. Es una amenaza y es una oportunidad. Sin duda alguna es una oportunidad, especialmente cuando se pasa de la oscuridad de lo opaco a las primeras luces de lo que las instituciones quieren mostrar, sea o no lo que realmente hay. Pero no olvidemos que es mucho peor mostrar algo falso y que se demuestre, a no mostrar nada. Salvo que seas Mariano Rajoy.

(4) Como oportunidad, la transparencia virtual que crea la ley es un item a cumplir como objetivo básico, y nos genera un objetivo adicional, que es superar la ley y ser más transparentes que, por ejemplo, la administración vecina. También nos permite promulgar una serie de documentos más progresistas y avanzados de lo que ninguna administración haya puesto en marcha, y ponderar su cumplimiento para que, llegados al momento de la campaña electoral, pueda venderse que hemos cumplido el 90% de los items, quizá el 100% de ellos. Es un instrumento de medición de la eficiencia política. Puede ser sólo una prestidigitación a ojos del electorado, pero si es manejada por gente comprometida en mostrar lo que realmente interesa, en la rendición de cuentas más que en el morbo de la infrapolítica, puede ser un instrumento de estrategia muy potente. No por sí sola, sino como apoyo de otros issues más fuertes: imaginen que ponemos en marcha un proyecto Smart City para un municipio que nunca ha invertido en turismo, que lo hacemos con una inversión mínima (por ejemplo, 1.500€ al año), que hace vender más a los restauradores y comerciantes del municipio, y que como somos un municipio que cree en la transparencia, publicamos quién lo ha diseñado, cuánto ha costado, cuál ha sido el proceso y cuál es la proyección de mejora con el partido o partidos en el gobierno. Ya tenemos un item positivo para la campaña.

Desde el lado de la oferta, desde la estrategia, la transparencia sólo puede ser positiva. En caso negativo, es que falla la estrategia.

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