En ocasiones, las instituciones introducen asuntos en la agenda mediática por la vía negativa. Los semáforos «friendly» de Carmena o la campaña contra el ‘man spreading‘ son dos ejemplos que hoy flotan en los medios. Y su origen, sea el real, o el que se intuye cuando recibimos los impactos informativos, condiciona la reacción del público objetivo. Un proyecto como el #NoManSpreading, impulsado por una entidad pública, será peor recibido y con menor seguimiento, que si parte de un movimiento privado, como es el caso. Sin embargo, si se intoxica el debate y se atribuye al poder público la puesta en marcha de estas medidas, surgen cuestiones acerca de su coste, del coste de oportunidad y proyectos que podrían impulsarse con esos recursos o si el tiempo invertido por técnicos, políticos y otro personal, está bien invertido.
Algo similar ocurre con las campañas de cohesión territorial o de concienciación por la limpieza, como he comprobado. Un movimiento como «Orgull llonguet«, nacido en Palma y que va más allá de reclamar la conservación de un tipo de panecillo, moriría si se institucionalizara, y su éxito como proyecto social, externo a priori a cualquier organismo público, es un hecho. Después han venido ferias del llonguet, y todo lo demás.
Como DirCom de un gobierno local, esta situación es un hándicap con el que toca trabajar a diario. El municipio, Marratxí, está compuesto por unos 25 núcleos de población, es un «pueblo de pueblos», donde no hay un núcleo «capital», sino unos núcleos históricos, separados entre sí, y un sinfín de urbanizaciones. Las fiestas patronales no consiguen unificar a todos los habitantes, posiblemente porque se celebran en un núcleo histórico que algunos residentes del resto de zonas puede que ni hayan pisado en la vida. De ahí que una de las primeras medidas de promoción municipal que puse en marcha, fue crear #MarratxíEsViu, que en catalán puede significar «Marratxí está vivo» o «Marratxí se vive». Se utiliza como hashtag, en todo cartel y publicación, también en las redes, pero poca gente lo utiliza. ¿Por qué? Claramente, porque no tiene un movimiento social detrás, sino que es una campaña institucional. Sin embargo, el coste de ponerlo en marcha ha sido muy reducido y se trabaja para que contribuya a que se genere ese movimiento.
¿Qué ocurre cuando una institución, sea de gobierno o un partido, utiliza un movimiento social?
En la historia hay muchos ejemplos de esta forma de arrogación, que puede terminar por consolidar, ahogar o producir indiferencia en torno al movimiento en cuestión. Puede que muchos de Ustedes ahora piensen en cómo Podemos se arrogó ser la voz del 15M, arguyendo que «nos dijeron que nos presentáramos a las elecciones y aquí estamos», y es cierto. Pero no es, ni de lejos, la más sonora ni relevante arrogación que podemos encontrar en la actualidad.
Desde los postulados del movimiento verde en Alemania hasta la creación de ministerios de Medio Ambiente, consejerías de sostenibilidad o secciones en programas electorales de partidos de derechas sobre protección del entorno, en la mayoría de democracias llamadas occidentales, es evidente que el movimiento se traduce, es procesado y en ocasiones es vaciado de sentido. Un movimiento en defensa de las fiestas patronales tradicionales, menos institucionalizadas, es hoy frecuente; pienso, por ejemplo, en Palma o en sa Pobla. El próximo alcalde de Palma, Antoni Noguera, tiene en mente una «socialización» de las fiestas locales de la ciudad, y tendrá que saber conjugar el movimiento social, del que él forma parte, con la institucionalización, de la que él será la figura más visible. Como arena política, les reconozco que será un proceso apasionante.
¿Y por qué no surgen movimientos sociales a favor de la recogida de excrementos de animales en las calles? Piénsenlo. Es un mal que padecemos todos los que transitamos las vías públicas, es un mal con nombre y apellidos, sancionable y que supera con creces los recursos públicos que se le pueden dedicar. De hecho, podríamos hablar de «desbordamiento» o de situación de extraordinaria gravedad en cuanto a las políticas públicas. Puede que la solución pase por incrementar el número de policías, reduciendo otras partidas (enseguida se dirá que sea el número de asesores o sueldos públicos) o instalar cámaras de vigilancia, irónicamente en una época donde la PM Theresa May concurre a unas elecciones defendiendo una reducción de los Derechos Humanos como la libertad, para garantizar más seguridad —no en abstracto, sino con las vicisitudes recientes de Reino Unido, que merece la pena destacar su diferencia con respecto a nuestro país o región—.
Tal vez sea hora de que, igual que existen voluntarios de Protección Civil, se creen cuerpos de voluntarios de vigilancia —no tendrían competencia sancionadora, pero eso puede salvarse—, para llegar donde las Administraciones no llegan. El riesgo que supone para una embarazada, una persona con movilidad reducida o personas vulnerables, resbalar con un excremento por irresponsabilidad de un tercero, es mayor del que parece. Y puede que estemos a un titular de que prenda un movimiento como este. O puede que no, y que todo sea una gran m… etáfora.
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