Antes de entrar en materia, les reconozco que he escrito varias versiones de este post, que empezó en un avión, leyendo papers sobre la utilidad y funciones de la oposición y que, después de los últimos acontecimientos en la política balear, he creído que podría quedar desfasado o agravarse, de manera que he querido dejar por escrito algunas ideas (y sus fundamentos más o menos teóricos). El objetivo no es utilizar estos párrafos más adelante, a modo de un arrojadizo yalodecíayo, sino plantear un escenario de posibles cambios para comprender mejor la llegada al ecuador de la legislatura, y cómo va a encararse la recta final. Sobre las utilidades esperadas de cara a 2023, puede que sea pronto para plantear hipótesis, de manera que me reservo para más adelante una segunda parte de este artículo.

La legislatura de la consolidación: del Govern post-crisis a la crisis de la COVID

La presente legislatura autonómica en Balears supone la consolidación del cambio de ciclo que apuntamos en Balears, 2015, al concatenar dos mandatos consecutivos, al haber acabado con la mayoría parlamentaria del Partido Popular y la fragmentación parlamentaria, acentuada con la entrada de la extrema derecha. A nivel institucional, los partidos que conformaron la coalición de gobierno anterior, PSIB y MÉS per Mallorca, cargaban con un cost of ruling, un desgaste inherente al ejercicio de gobierno. La entrada de Podem en la coalición de gobierno (integrando un diputado de EUIB) supondría para ellos una mayor corresponsabilidad, al fraguarse las intenciones de su anterior líder parlamentario y partidista, Alberto Jarabo, y dotando de una solidez mayor al proyecto de cambio iniciado en 2015, un proyecto post-crisis que afronta ahora una nueva crisis.

Únicamente con intención de apuntar elementos de contexto, recordar que en dos años hemos pasado de un gobierno del PP, encabezado por Mariano Rajoy, a una moción de censura y una sucesión de elecciones, que han configurado el actual Parlamento y el Ejecutivo estatal que, por primera vez, se configura como una coalición de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, dos formaciones de ámbito estatal que desde mayo de 2019 también gobiernan en Balears. Esta diferencia respecto a MÉS, dada su cualidad de partido de ámbito no estatal (PANE), sin representación en el Congreso pero sí en el Senado (a través designación parlamentaria, no por elección directa), no es baladí.

Imagen de la contraportada de Balears, 2015: un nuevo ciclo político

I. Coalición de gobierno y papel de los socios

En 2015 planteé un cálculo de utilidades esperadas para la anterior legislatura, en el que la opción de mayor estabilidad fue la fórmula finalmente elegida: coalición de gobierno de PSIB con MÉS y apoyo externo de Podem. Tras aquel mandato, la composición interna de Podem había cambiado, y con ella también las utilidades, de manera que la entrada en el Govern se daba por hecha. Sin embargo, tal y como se mediatizó pocos días después de las elecciones, la composición del Ejecutivo y el reparto de carteras supuso el primer escollo importante de las negociaciones, del mismo modo que se mediatizó al nivel estatal. La caída electoral de MÉS per Mallorca, también en el Consell y en Palma, reconfiguró el reparto de carteras y manifestó una orientación a la obtención de cargos (office-seeking), que incidió en la opinión pública, así como en las bases de las formaciones.

Desde entonces, el papel de los dos socios del partido mayoritario ha presentado más divergencias que similitudes, especialmente en el plano mediático. Mientras que Podem se ha mantenido como un socio que podríamos catalogar como de corresponsabilidad pasiva, con apoyo tácito y sin alejamientos programáticos demasiado notables, MÉS per Mallorca ha elegido un papel de divergencia activa, marcando las diferencias con su socio mayor a través de notas de prensa, publicaciones en redes sociales y en intervenciones (por todas, la última del portavoz Ensenyat en el debate de la Comunitat de octubre). Así lo destaqué en una entrevista con Xavier Aliaga para El Temps el pasado abril (ver artículo), en la que planteé que no estaba seguro de que los ecosoberanistas estén interesados en volver a formar parte de la coalición de gobierno, en el caso que estén en disposición de pactar si los números dan, algo todavía incierto.

1. El «caso Hat» y la (previsible) volatilidad del electorado

Tras la entrada en la agenda mediática del «caso Hat» (salida de la presidenta Armengol con compañeros del gabinete y el acta policial contra el bar por incumplir horarios de cierre, establecidos como medida contra la pandemia), el papel de corresponsabilidad pasiva y el de divergencia activa se han visto reforzados: mientras que Podem no se manifiesta sobre el asunto, ya apenas sin contenido nuevo, MÉS ha emitido una nota de prensa el sábado 24 en el que «lamenta la «falta de autocrítica» del Consolat», un Consolat cuya voz es la presidenta y cuyo máximo exponente técnico es el director de comunicación, también afectado por el caso.

Los ecosoberanistas lamentan que «las declaraciones de la presidenta no hayan sido acompañadas de una disculpa a la ciudadanía por los malos entendidos originados y ocasionados». A esto cabe añadir los comentarios vertidos en las redes sociales por cargos públicos de la formación, en instituciones o con cargo en la ejecutiva de la formación, algo que reafirma la divergencia activa y que podría conllevar no pocas reacciones, tanto a corto como a medio plazo. Cabe recordar que Muller y Strom, al distinguir los partidos orientados a votos, los orientados a cargos y los orientados a políticas, destacan que se incrementa la divergencia entre partidos cuando se percibe una volatilidad del voto, y la gestión de la pandemia a nivel estatal y a nivel autonómico refleja un juego de herestética en el que las utilidades esperadas condicionan el mayor o menor perfil mediático (a través de apoyos tácitos, de declaraciones o pactos) de los partidos respecto del partido que encabeza la gestión, en ambos casos el PSOE.

2. Formal y material: ¿cuándo una coalición deja de serlo?

Ante los asuntos que no forman parte de los acuerdos de gobierno (en esta legislatura, materializados con los Acords de Bellver), cada partido se entiende autónomo para tomar sus posiciones y defenderlas. En este terreno entra en juego el ámbito territorial (partidos estatales frente a PANE), el centralismo o autonomía en la toma de decisiones, y tantas otras variables que podríamos plantear.

Imagen: Pixabay

Así, por ejemplo, el los últimos meses hemos asistido a un ejercicio propio que bien merece un análisis de políticas públicas al detalle, como es la aprobación del Real Decreto Ley 27/2020, luego derogado, que recogía medidas como la puesta a disposición voluntaria de los remanentes municipales para el Estado, con una contraprestación a 10 ó 15 años, acompañado de medidas de flexibilización fiscal. La negociación a nivel estatal mostró algunos desacuerdos importantes entre PSOE y Podemos, no reflejada tanto a nivel autonómico como la oposición sin ambages del otro socio balear, MÉS per Mallorca, de ámbito no estatal. El posicionamiento de los ecosoberanistas fue sostenido a través de numerosas notas de prensa y las intervenciones en aquellas instituciones de las que forman parte.

La oposición formal de prácticamente todo el espectro parlamentario balear, salvo el PSIB, a este RDLey, fue un issue de campaña dirigido hacia el partido mayoritario, que ha buscado fórmulas paralelas de flexibilización o suspensión de reglas fiscales para entidades locales y autonomías, salvando propuestas que se incluían en el texto derogado.

II. Las oposiciones (o por qué no hay una sola oposición)

Si algo define a la oposición parlamentaria de la Balears post-2015 es la fragmentación. La entrada de Podemos y de Ciudadanos o la posterior llegada de la extrema derecha de VOX, suponen una redefinición de bloques, una mayor negociación en materias tan importantes como los presupuestos anuales o los proyectos de ley de mayor envergadura.

Así, cada formación presenta unas características concretas, e incluso formaciones similares (como en el caso de MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca), presentan diferencias que merece la pena destacar.  A nivel institucional, la diferencia principal entre los dos MÉS sería que una forma parte del Govern y la otra formó parte hasta que abandonó a mitad de la pasada legislatura y hoy permanece fuera del Ejecutivo.

1. Un intento de clasificación a partir de Sartori

Volviendo al terreno de las oposiciones parlamentarias, son tantas las diferencias entre ellas que podríamos pensar que el único denominador común es que no gobiernan. Para tratar de ordenar estas oposiciones, utilizaré una clasificación de Sartori que, aunque antigua y escueta en su planteamiento, me pareció un punto de inicio acertado para el caso balear (1).

Antes de plantearla, y como recuerda el propio autor,

«[…] the patterns and style of opposition vary significantly from one type of party system to another. The relevant distinction here seems to be between resposible opposition and irresponsible opposition» (p. 152).

1. Constructiva-interactiva. Se correspondería con la tipología «responsable y constitucional» planteada por Sartori. A grandes rasgos, podríamos ubicar aquí a Ciudadanos (5), El PI (3) y el Grupo Mixto (3).
2. Oposición divergente. La oposición «no responsable y constitucional», representada por el Partido Popular (16), mayoritario y de oposición más frontal a las propuestas del Govern.
3. Oposición antisistema. Sería la oposición no responsable y no constitucional, que Sartori plantea también como contestataria. Estaría claramente representada por el grupo parlamentario de VOX (3).

Por supuesto, como toda clasificación, su artificialidad es susceptible de crítica y se ha utilizado simplemente con el objetivo de destacar las diferencias en cuanto a la acción de oposición (en contraposición a la acción de gobierno, en la que también cabría una clasificación más detallada que la anterior).

2021: reconfiguración o final de ciclo

De celebrarse en 2023, aún nos encontramos a una distancia políticamente abismal de las próximas elecciones autonómicas. Ni siquiera hemos alcanzado el ecuador ordinario de la presente, y digo ordinario, porque el adelanto electoral es una posibilidad más que plausible, así como la reconfiguración de las áreas de gobierno o la salida de socios del pacto (hay que recordar que el conseller Mir, de MÉS per Mallorca, a diferencia de Fina Santiago, no es diputado electo).

El transcurso de los últimos acontecimientos, unidos al contexto estatal y la pandemia global, va a incidir en la política regional más de lo que pueda parecer. Las dinámicas internas en partidos, unido a las nuevas alianzas más o menos formales entre partidos de ámbito estatal, van a tener su eco en Balears; piensen en quién dará apoyo a los presupuestos de este y sucesivos años, la buena entesa entre PSOE y el nuevo Ciudadanos de Arrimadas, que se replica también en comunidades con la valenciana.

Existe un elemento que, probablemente, va a ser la constante de esta legislatura, y va a ser la gestión de la pandemia, en su vertiente sanitaria, sociolaboral y económica. El coste de la gestión, al que aludía antes, va a ser clave, así como la colaboración o estrategia de desgaste. Discursos como el de Pablo Casado durante la fallida moción de censura de VOX, son la punta del iceberg de una estrategia encarada a los próximos meses y años.

¿Qué papel van a tener los PANE, especialmente aquellos con tendencia electoral descendente? ¿Su estrategia será de divergencia o de corresponsabilidad? ¿Impedirán la reedición de gobiernos de coalición, o potenciarán su reconfiguración?

Se abren muchas preguntas en un escenario incierto y ante una volatilidad más que manifiesta. Y sea como fuere, el relato de la presente legislatura ya está dibujado, y volver atrás o revertir estrategias va a ser arriesgado, porque hay apoyos que se pierden por el camino, complicados de reconquistar, sin contar con la dificultad de fidelizar electorados en tiempos tan cambiantes.

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